Plataforma en Defensa de la Asignatura de Religión

La asignatura de religión y Escuela Laica de Albacete (intercambio de cartas en "La Tribuna de Albacete" entre D. Enrique Cerro Aguilar, Presidente de Escuela Laica de Albacete, y José Alberto Garijo Serrano)

Plataforma por el Derecho a Elegir en Castilla - La Mancha

"Solicitar la clase de religión en los colegios" (Mensaje de los obispos españoles 20 abril 2004)

"Clases de religión en la clandestinidad" ("audio" de humor del Grupo Risa en la COPE el 14 septiembre 2004)

El próximo jueves, día 29 de abril, se presenta en Albacete la Plataforma en Defensa de la Asignatura de Religión. El acto tendrá lugar en el Teatro "La Paz", a las 20 horas. Presidirán el acto los componentes de la Plataforma en Albacete: Mª Pilar Pérez, Mª Carmen Navarro, Clotilde Iniesta, Ana Concepción Soler, y otros, junto a D. José Luis Sánchez, Presidente de la Comisión Diocesana de Enseñanza, y posiblemente, aunque todavía no se ha confirmado totalmente su asistencia, D. Santiago Cañizares, Arzobispo de Toledo y Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza.

Esta Plataforma, encabezado por padres, se ha creado recientemente ante la campaña promovida recientemente para la supresión de esta asignatura, sobre todo por la Asociación Escuela Laica de Albacete, y en defensa del derecho constitucional de los padres “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 de la Constitución española). Hasta la fecha ha recogido 5.000 firmas de apoyo. La Plataforma está enviando también cartas al nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Manifiesto de la Plataforma por el Derecho a Elegir en Castilla - La Mancha

El pasado 6 de marzo entró en vigor sin ningún debate en la Comunidad de Castilla-La Mancha un Decreto de Admisión de Alumnos que lesiona gravemente derechos fundamentales reconocidos en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en las Leyes Orgánicas de Educación. Numerosas voces han expresado su rechazo a esta nueva normativa: asociaciones de padres, sindicatos, patronales del sector educativo, Centros docentes, colectivos ciudadanos y medios de comunicación. El Arzobispo de Toledo ha mostrado su honda y grave preocupación como Pastor de la Iglesia, que ve muy seriamente afectados derechos y libertades de los padres y de los alumnos así como de los Colegios de la Iglesia y otros Centros de iniciativa social.

El nuevo El Decreto anula en la práctica el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos (art 26 Declaración Universal de Derechos Humanos, art 27,3 Constitución Española), porque limita hasta ahogarlo el derecho de elección de Centro docente: los padres no queremos limitarnos a expresar preferencias, como dice el Decreto, sino que tenemos el derecho a elegir Centro. Los nuevos baremos para asignar plaza suponen una fuerte limitación a esa elección, pues dan prioridad absoluta a los criterios geográficos (más del 50%).

Y lesiona también gravemente la libertad de creación de Centros docentes (art 27,6 CE) con ideario propio. Con la creación de Oficinas Provinciales y Municipales de Escolarización donde se presentan las solicitudes de admisión de alumnos sin necesidad de pasar por el Centro educativo, se lesiona el derecho de los padres a ser informados y el derecho de los Centros docentes de informar de modo fehaciente y completo de su ideario, y a gestionar el proceso de admisión de sus alumnos. Además, el Decreto al considerar que la enseñanza no mixta o diferenciada se opone al principio de igualdad, contraviene lo que dispone la Ley Orgánica de Calidad en la Educación y la Convención de la UNESCO sobre lucha contra la discriminación en la enseñanza que aprueba la enseñanza no mixta como una opción más entre las posibles y no la considera discriminatoria.

Apreciamos la buena intención declarada por la Consejería de Educación de “simplificar los trámites a los ciudadanos y garantizar la justicia en la elección de centro y en la igualdad de los alumnos al elegir plaza en Centros sostenidos con fondos públicos”, pero le recordamos con respeto y energía que nunca hay justicia y equidad cuando se anula la libertad, y que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres (art 27,3) y ayudar a los Centros docentes (art. 27,9 CE). Son administradores, no dueños, del dinero público, que sale de los impuestos que pagamos todos.

Pensamos que la enseñanza pública, la concertada y la privada son complementarias y cada una tiene su papel en el sistema educativo. Manifestamos nuestro aprecio por la enseñanza pública en la que trabajan tantos profesionales que se esfuerzan en ayudar a sus alumnos con eficacia y entrega. Nos unimos a la petición de muchos docentes de más libertad y autonomía para los Centros públicos.

Denunciamos la actitud de la Consejería de Educación que ha aprobado estas normas lesivas de derechos fundamentales sin ningún debate con los afectados. Tendemos la mano a la autoridad educativa para colaborar en la mejora de la educación en Castilla-la Mancha, pero desde el respeto a los derechos naturales reconocidos por las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Española y las leyes orgánicas de educación, que ninguna autoridad pública puede quitarnos.

Convocamos a todos los ciudadanos, padres de familia, profesores, AMPAS, centros educativos, asociaciones, medios de comunicación a unirse en esta plataforma para la defensa del derecho a elegir que está en peligro en Castilla-La Mancha desde el pasado 6 de marzo.

En Castilla-La Mancha, a 16 de marzo de 2004