El
pasado 10 de noviembre se hizo pública la sentencia por la que el Tribunal
Superior de Castilla – La Mancha resuelve el recurso interpuesto
contra el decreto del Gobierno regional sobre “Admisión del
alumnado en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha”
del 2 de marzo de 2004. Este decreto hacía depender la admisión de
alumnos en los centros privados concertados (en su gran mayoría,
religiosos), no de la dirección del centro, sino del Consejo de
Escolarización dependiente de la Delegación Provincial de Educación.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia establece que esta medida
es contraria a la libertad de enseñanza y de creación de centros
escolares tal como viene recogida en el artículo 27 de la Constitución
Española, y declara nulos los artículos 10.1
y 12, puntos 1 y 2, en lo que se refiere a los Consejos de Escolarización
aplicados a los centros concertados
El
decreto del Gobierno prohibía también en la práctica la existencia de
colegios privados concertados sólo para chicos o sólo para chicas. La
sentencia del Tribunal Superior de Justicia determina que esa “prohibición”
es también contraria a la libertad de enseñanza y de creación de
centros de enseñanza, teniendo en cuenta además que ninguna ley de rango
internacional o nacional determina nada sobre el asunto, y por tanto
declara nula la referencia en el artículo 2 del decreto a la
“discriminación por razón de sexo”.
Se
trata de una sentencia extensa
de 35 folios, muy elaborada y ampliamente justificada. La Plataforma
por la Libertad de Enseñanza de Castilla – La Mancha
ha emitido un comunicado en el que “celebra
que en nuestra Región el funcionamiento democrático de las instituciones
sea garantía de los derechos constitucionales y muestra su satisfacción
al ver acogidos por los Tribunales los argumentos de su manifiesto
fundacional. Reiteramos nuestro máximo respeto por las autoridades
educativas de Castilla la Mancha, a las que tendemos una vez más la mano
para, entre todos, construir un sistema educativo justo y eficaz,
respetuoso de los derechos y libertades, y al margen de las lógicas
disputas políticas”