Amnistía
Internacional (AI) ha denunciado en su informe “Sudán. Ataques
contra la libertad de expresión en Darfur” la presión del Gobierno de
Sudán para que no salgan a la luz los abusos contra la población de esa
región. La reciente crisis sudanesa, que enfrenta a las milicias
pro-gubernamentales del norte (en
su mayoría árabes musulmanes) con los rebeldes de Darfur y de la Unión
Africana del sur (de mayoría negra y cristiano-animista), ha significado
la muerte de entre 30.000 y
50.000 personas, el desplazamiento de más de un millón, y el exilio al
Chad de otros 200.000. AI pide al Gobierno sudanés que ponga fin a las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos y desarme a las
milicias. El Papa ha lanzado también una llamada a la comunidad
internacional para ayudar al pueblo sudanés, y ha enviado a la zona al
presidente del Pontifico Consejo “Cor Unum”, Monseñor Paul Josef
Cordes.
El
próximo 2 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por
España, deberá decidir sobre esta crisis. AI recuerda la gran
responsabilidad del Gobierno español, y le pide que impulse la creación
de una comisión de investigación sobre los crímenes de guerra, y el envío
de más observadores sobre el terreno. En enero pasado España, bajo el
gobierno de Aznar, vendió armamento al gobierno sudanés por valor de
8.000 euros, violando los Códigos de Conducta de la UE sobre
Transferencia de Armas. Por otro lado, mientras la comunidad internacional
culpa al Gobierno de Sudán de la situación, Francia, que tiene intereses
en la región, opina que no se puede culpar al Ejército sudanés de las
matanzas.