El derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza

Línea de acción del Plan Pastoral Diocesano para el curso 2003-2004

Mejorar la presencia y el compromiso de los creyentes en la sociedad para ser levadura del Reino de Dios en el mundo

Plan de Pastoral de la Diócesis de Albacete

Plataforma para la Defensa de la Asignatura de Religión

Plataforma por el Derecho a Elegir en Castilla - La Mancha

Sentencia contra el Decreto del Gobierno regional sobre colegios privados concertados (4 Buenas Noticias, 21 noviembre 2004)

El derecho a la educación implica dar a la enseñanza un valor fundamental para el desarrollo de personas auténticamente libres y responsables, y para el crecimiento de la sociedad. Los poderes públicos deben garantizar una enseñanza básica igual y gratuita para todos, incluidos los hijos de los emigrantes residentes en España, con un adecuado sistema de becas. Una educación de calidad que potencie también el esfuerzo y el trabajo, y que dignifique la figura del maestro.

El Estado debe garantizar también la libertad de enseñanza. La educación no debe responder a las ideas o creencias del gobernante, sino al pluralismo de la sociedad. Por eso el Estado debe reconocer el derecho a crear y dirigir centros educativos, a elegir centro, a la libertad de cátedra, a elegir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones de los padres. Éste es el sentido que tiene la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela.

“Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 16.3)

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

(Constitución Española, artículo 27.3)