El
hombre es un ser social. La sociedad debe estar organizada, poniéndose
al servicio del ser humano, y de ahí nace la necesidad del Estado y del
poder civil. Pero la socialización encierra también un peligro: una intervención
demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la
iniciativa personal de los ciudadanos.
“Dios
no ha querido retener para Él solo el ejercicio de todos los
poderes”, dice el Catecismo (n. 1884). Si Dios actúa así, ¿cómo es
posible que una persona, un partido, el Estado, pretendan asumir todo el
poder en la sociedad? Por eso todo poder, incluso el poder del
Estado, debe tener sus límites. Sólo debe intervenir cuando sea
necesario, y sólo para ayudar y apoyar a los ciudadanos.
La
sociedad no es el Estado.
Confundir “Estado” y “sociedad” ha generado tragedias
dictatoriales de todo signo a lo largo del siglo XX. La sociedad la
construyen los ciudadanos, y no el Estado.
Así
surge el principio de subsidiariedad, según el cual “una
estructura social de orden superior no debe interferir en la vida
interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus
competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y
ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes
sociales, con miras al bien común” (Juan Pablo II, encíclica
“Centessimus Annus” 48; Pío XI, encíclica “Quadragessimo Anno”).
Esto quiere decir que en la escala social, cada organismo debe respetar
la autonomía del organismo inferior. Es preferible que actúe la estructura
inferior, que es la que conoce mejor la situación y es más cercana
a los ciudadanos.