El
derecho a la vida es el derecho primario. En España se cometen
anualmente 77.000 abortos, un 70 % más que hace 10 años. Este dato nos
indica la urgencia de promover una auténtica cultura
de la vida.
La
Conferencia Episcopal española dio recientemente estas indicaciones
para orientar la participación de los católicos en las últimas
elecciones generales: “La tutela efectiva del derecho a la vida de
cada ser humano desde su concepción hasta su muerte. La producción
de embriones humanos y, en particular, su destinación premeditada a
la investigación que los mata; el aborto procurado, en
cualquiera de sus formas, y la eutanasia, son atentados contra el
derecho a la vida que dañan gravemente el bien común y que deben ser
justamente prevenidos por las leyes. Declarar que tales acciones serían
supuestos derechos civiles, significa llamar bueno a lo que es malo y es
situarse en abierta contradicción con el derecho fundamental a la
vida”.
Y
la nota doctrinal sobre “Compromiso y conducta de los católicos en la
vida pública”, de la Santa Sede, de noviembre del 2002, decía:
“Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia,
ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la
acción legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda
ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico,
vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de
semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con
el propio voto. Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la Encíclica
“Evengelium Vitae” a propósito del caso en que no fuera posible
evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está
por ser sometida a votación, que «un parlamentario, cuya absoluta
oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, pueda lícitamente
ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa
ley”